La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a seis y dos años de cárcel, respectivamente, al padre y madre de la niña de Alcañiz (Teruel) que sufrió una ablación cuando tenía menos de un año --ahora tiene poco más de dos años--, ambos en calidad de autores de un delito de lesiones por mutilación genital. Los acusados son naturales de Gambia aunque llevan cuatro años residiendo en Alcañiz.
Se trata de una excepción, lo normal es los responsables queden impunes. Se ha demostrado que la operación se ha llevado a cabo en España, si no fuera así, no habría pena alguna para los responsables de la mutilación.
Actualmente este motivo está disminuyendo debido a la prohibición de su realización en muchos países. En algunos casos se recurre a tradiciones religiosas para argumentar en su favor, pero lo cierto es que este tipo de mutilación está prohibida en el Islam.
Pero por desgracia está prohibido sólo en la teoría. En el mundo hay 135 millones de mujeres a las que les han amputado lo más íntimo de su ser. Y la cifra va en progresión: dos millones de niñas sufren cada año la tortura física y mental que supone la mutilación del clítoris. La infibulación o ablación aún se practica en 28 países; una práctica salvaje que provoca gravísimas infecciones a sus víctimas y les impide vivir su sexualidad con normalidad.
La ablación genital femenina constituye una violación fundamental de los derechos de las niñas. Es una práctica discriminatoria que vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades, a la salud, a la lucha contra la violencia, el daño, el maltrato, la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante; el derecho a la protección frente a prácticas tradicionales peligrosas y el derecho a decidir acerca de la propia reproducción. Estos derechos están protegidos por el Derecho internacional.
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